Esta premisa pone en el foco a las mujeres con discapacidad que constantemente se encuentran en situaciones de múltiples discriminaciones. Este informe tiene como propósito, a partir de los estudios elaborados por el OED (Observatorio Estatal de la Discapacidad), presentar de forma breve algunos datos sobre la posición de las mujeres con discapacidad en España, con ánimo de concienciar sobre las situaciones en las que las mujeres con discapacidad se encuentran con múltiples discriminaciones. 

 

En España, de acuerdo con la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD 2008), la población con discapacidad residente en hogares se situaba en 3,85 millones. Casi el 60% eran mujeres (2.30 millones de mujeres con discapacidad).

 

La Organización de las Naciones Unidas celebra el Día Internacional de la Mujer 2019, bajo el lema: “pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio” (ONU, 2019). Así mismo, expresa su preocupación porque “las tendencias actuales indican que (…) las mujeres están insuficientemente representadas en los campos de la ciencia y la tecnología” (ONU, 2019). Esta preocupación aborda necesariamente la situación de las mujeres que han logrado estudios superiores.

 

En España, la tasa de mujeres que han obtenido un nivel formativo superior es del 38,9%, mientras que esta misma tasa para las mujeres con discapacidad es de un 17,1% (Informe Olivenza, 2017). En comparación con la población con discapacidad, las mujeres muestran una tendencia mayor hacía los estudios superiores. Sin embargo, esta tendencia no se refleja en una mayor tasa de empleo de las mujeres con discapacidad. Esta tasa se sitúa en un 22,8% para las mujeres con discapacidad siendo para los hombres con discapacidad de un 23,8% (Informe Olivenza, 2017). La situación de desempleo de las mujeres con discapacidad se agrava aún más si tenemos en cuenta el porcentaje de personas con discapacidad demandantes de empleo de larga duración. Esta diferencia se materializa en 7 puntos porcentuales con respecto de los hombres con discapacidad. Entre los parados de larga duración con discapacidad las mujeres suponen un 53,63%.

 

La temporalidad de los contratos es ligeramente superior también para las mujeres con discapacidad (23,9%). Esto conduce necesariamente a situaciones de pobreza. El 15,7% de las mujeres con discapacidad se encuentra en situación de pobreza extrema y el riesgo de pobreza afecta al 32,7% de las mujeres con discapacidad. La situación de pobreza y precariedad de las mujeres con discapacidad en España acarrea una escasa participación en la sociedad, en comparación con la población en general, las mujeres con discapacidad presentan una diferencia de más de 30 puntos porcentuales en el acceso a las actividades de ocio. De hecho, el 63,7% de las mujeres con discapacidad presentan limitaciones para salir de casa (10 puntos porcentuales más que los hombres con discapacidad). Con el fin de elaborar propuestas en el ámbito del medio rural, el OED elaboró en 2018 un informe sobre la situación de las personas con discapacidad en el Medio Rural. Este informe incorpora la perspectiva de género y analiza la situación de las mujeres con discapacidad residentes en el Medio Rural, que empeora por la falta de recursos no adaptados a las necesidades de las mujeres con discapacidad. Especialmente grave es la situación de los recursos de socialización que conduce a las mujeres con discapacidad a situaciones de aislamiento y soledad.

 

En el caso de las mujeres con discapacidad intelectual, residentes en el Medio Rural, se añade el hecho de que apenas tienen oportunidades de expresar con voz propia sus intereses y demandas. La mayor parte de las situaciones de discriminación de las mujeres con discapacidad vienen dadas por el aislamiento de las mujeres al ámbito doméstico. El caso de las mujeres que se encuentran con discapacidades sobrevenidas es bastante llamativo: el 72,1% de las mujeres que adquieren una discapacidad sobrevenida es por accidentes domésticos. Además, el porcentaje de mujeres que asumen cuidados informales es del 65,3% para cuidados de 20 horas o más y del 59,0% en el caso de cuidados de al menos una vez a la semana.

 

Las situaciones de discriminación de las mujeres con discapacidad también están presentes en el caso de la infancia. El porcentaje de niñas escolarizadas en los centros ordinarios es del 80,9% mientras que para los niños con discapacidad es del 83,9% Así mismo, la Fundación CERMI Mujeres alerta sobre las tasas de fracaso y abandono escolar de las niñas con discapacidad. Los datos aportados en esta nota ponen de manifiesto la necesidad de la incorporación de la transversalidad del género y de la discapacidad en el diseño e implementación de las políticas públicas en todos los ámbitos. Sin esta transversalidad del género y la discapacidad las situaciones de discriminación a las que se enfrentan las mujeres con discapacidad no serán solventadas. Especialmente debemos tener las referencias en los artículos 6 y 8 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En estos artículos:

 

 

El Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED) es un instrumento técnico que la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Dirección General de Políticas de Discapacidad y Real Patronato sobre Discapacidad), y la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, SEPAD, ponen al servicio de las Administraciones Públicas, la Universidad y el Tercer Sector, para la recopilación, sistematización, actualización, generación y difusión de información relacionada con el ámbito de la discapacidad.

 

El Informe de Olivenza es un documento de carácter general sobre la situación de las personas con discapacidad en España, realizado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad (OED), tal como se estipula en la Ley General de los derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 73,2 (RDL 7/2013 de 29 de noviembre); centrándonos en el eje económico, uno de los tres ejes que integra el sistema de indicadores elaborado para medir la inclusión social de las personas con discapacidad, se observa cómo éstas se encuentran en situación de desventaja respecto a las población en general respecto a la participación y ejercicio de sus derechos en el ámbito productivo y laboral.

 

El OED tiene su amparo en el artículo 73 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. Se configura como instrumento de promoción y orientación de las políticas públicas de conformidad con la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Las instituciones promotoras del OED son el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Políticas de Discapacidad y el Real Patronato sobre Discapacidad, la Junta de Extremadura, a través del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, SEPAD, el CERMI y la Universidad de Extremadura.

 

(Información del Observatorio Estatal de la Discapacidad)